Colombia es mundialmente conocida por sus esfuerzos en la búsqueda de la construcción de paz. El proceso de paz y su implementación es celebrada en muchos eventos regionales y foros internacionales. Sin embargo, a 8 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, el camino a la paz para los colombianos, especialmente, para el pueblo afrodescendiente de Colombia, se encuentra en vilo y con retos enormes hacia futuro. El capítulo étnico presenta un retraso sustancial frente a las disposiciones generales del Acuerdo Final de Paz.
En mi ciudad natal, Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia, temen por la aparición de nuevos ciclos de violencia en la ciudad. En lo corrido del año, se han presentado 11 homicidios, concentrados en la zona continental de la ciudad. La zona continental de Buenaventura está formada por las comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Los nuevos brotes de violencia generan miedo y zozobra en los habitantes, como también algunas dudas sobre las negociaciones de paz entre las dos bandas criminales de la ciudad dedicadas principalmente al negocio del narcotráfico y la extorsión: los Shottas y los Espartanos. Ambas bandas son estructuras de crimen organizado quienes desde el 2020 se declararon la guerra por la disputa territorial en la zona urbana de Buenaventura. Las negociones entre ambas bandas criminales se instalaron en julio del año 2023 y tienen como finalidad lograr el desarme y sometimiento a la justicia de ambas estructuras.
Estas contradicciones me llevan a reflexionar sobre la urgencia de acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, especialmente de su capítulo étnico, cuya aplicación puede traer oportunidades de cambio para el litoral pacífico colombiano
- ¿Cómo nace el capítulo étnico de paz y porque está crudo?
En noviembre del año 2016, el Gobierno colombiano firmó el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP. Fue la primera vez que un proceso de paz incorpora un capítulo especial sobre pueblos étnicos. La incorporación de este capítulo no fue un regalo para el pueblo afrodescendiente de Colombia, fue un trabajo de incidencia política de organizaciones, líderes afrocolombianos y lideresas afrocolombianos, quienes luego de varios años de movilización nacional e internacional, lograron incidir en la mesa de negociaciones de la Habana y haciendo que se incluyera un capítulo étnico en pocos meses de la firma del Acuerdo Final de Paz. El capítulo étnico reconoce acciones concretas para las comunidades étnicas en cada punto del Acuerdo, reconociendo el efecto desmedido que experimentaron las comunidades étnicas durante el conflicto bélico.
Según cifras oficiales, a corte de noviembre del 2024, existen un total de 9.826.986 víctimas en Colombia, de las cuales 1.270.639 millones se auto reconocen como negras, afrocolombianas, raizal y palenquera. En Colombia, 2 de cada 10 colombianos han sido víctimas del conflicto armado, y 1 de cada 10 víctimas es negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
La implementación del capítulo étnico ha sido una de las grandes deudas del proceso de paz. Para mayo del presente año, según el Instituto Kroc, de las 80 disposiciones con enfoque étnico, sólo el 13% se ha cumplido, el 61% se encuentra en estado mínimo de implementación, el 14% en estado intermedio y el 13% está aún sin iniciar. Estos datos arrojan un panorama de alerta sobre la implementación del acuerdo de paz, como también serias dudas sobre si realmente se cumplirán las metas trazadas por el Acuerdo en el tiempo restante de implementación
- ¿Y la reparación de las víctimas afrocolombianas?
Del total de más de 9 millones de víctimas del conflicto, un poco menos de 1.200.000 víctimas (14 %), han recibido indemnización (Dejusticia, 2024). La indemnización administrativa no es suficiente para reparar a las víctimas, la ley 1448 del 2011 en su artículo 25, también incluyo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, requisitos que también deben ser observados para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Las cifras también muestran los efectos diferenciados del conflicto armado en la población afrocolombiana. Del total de las víctimas registradas, el desplazamiento forzado es el hecho violento que más ha afectado a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (1.232.842 víctimas), seguido de las amenazas (106.820) y, por último, los homicidios (49.798 víctimas indirectas y 6.522 directas).
Aunado a lo anterior, el país no pasa por una buena salud de sus finanzas públicas. El recorte de 12 billones al presupuesto General de la Nación supone también un panorama poco esperanzador para las víctimas, cuya reparación integral requiere del trabajo articulado de varias entidades del Estado colombiano, algunas golpeadas presupuestalmente para este año.
Adicionalmente, el congelamiento por tres meses de los recursos de cooperación internacional destinados por el Gobierno de los Estados Unidos mediante su agencia de cooperación internacional USAID, pone en serios aprietos a la justicia transicional en Colombia. La suma aportada por USAID para el proceso de paz asciende a 15.000 millones de pesos. Con este congelamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo creado por el Acuerdo de Paz para investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado, vería afectada significativamente sus funciones, retrasando aún más las labores y los resultados de una justicia que avanzan lentamente.
Desde luego, fenómenos locales como la corrupción hacen más difícil cumplirle a las víctimas del conflicto armado colombiano. Se estima que 12 billones de pesos destinados a proyectos sociales para la materialización de la Paz en las regiones, fueron apropiados durante la administración del anterior gobierno del presidente Duque. En conclusión, no solo el dinero es poco, sino que el poco que hay es tomado por el cáncer de la corrupción.
Según el informe “Luces y sombras de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia” luego de la firma del Acuerdo de Paz, los pueblos indígenas y las comunidades del pueblo afrodescendiente de Colombia son las menos reparadas. El porcentaje de avances en la reparación de los pueblos indígenas es del 21%, por su parte para las comunidades del pueblo afro de Colombia se encuentra en 18% (PNUD, 2020). En conclusión, los pueblos étnicos no solo representan el grupo poblacional más golpeados por el conflicto armado, sino también son los menos reparados en los 8 años de implementación del Acuerdo de Paz.
- Seguridad, Seguridad, Seguridad
La seguridad sigue siendo uno de los desafíos más importantes para los territorios étnicos. En Buenaventura, mi tierra natal, el puerto marítimo más importante del país, la violencia y la guerra nos sigue arrebatando la vida de jóvenes llenos de sueños y aspiraciones. “¿Hasta cuándo contamos muertos en Buenaventura?” Son las palabras de Linda Y. Posso Gomez, una líder bonaverense y socióloga de la ciudad.
Por su parte, en un comunicado del 23 de enero, una de las bandas criminales que opera en la ciudad, los Shottas; afirman que el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad en los últimos picos de violencia que vive Buenaventura. Para la banda criminal de los Shottas, el gobierno los ha abandonado durante las negociones de paz urbana entre ellos y los Espartanos. En este mismo sentido, la Alcaldía de Buenaventura solicito ayuda al Gobierno Nacional pidiendo claridad sobre los acuerdos y una mayor atención en la mesa diálogos de paz urbana en Buenaventura.
Si bien las bandas criminales de la ciudad de Buenaventura; Shottas y Espartanos, acordaron una tregua hasta el 5 de febrero, es menester una profunda intervención estatal y liderazgo del gobierno local, representada en oportunidades económicas, de empleo y educación que reemplace las economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. De lo contario, Buenaventura seguirá en un clico perpetuo de violencia que no termina.
4. Los colores de la paz y su proyección a futuro
La implementación del Acuerdo de Paz debe moverse con celeridad, en especial, en las disposiciones del capítulo étnico. El tiempo máximo de implementación fijado por la legislación colombiana fue de 15 años, pero su aplicación no se encuentra ni siquiera a mitad de camino. A finales del año 2024, el Gobierno Colombiano anunció la presentación de un proyecto de ley para extender la implementación del Acuerdo de Paz. De presentarse y aprobarse esta propuesta en el Congreso, la implementación del Acuerdo no terminaría en 2030, sino en 2038. Si bien celebramos esta propuesta del Gobierno colombiano, es necesario entender que ninguna extensión del tiempo de implementación puede reemplazar una real compromiso y voluntad de paz.
En definitiva, la paz de Colombia exige un enfoque étnico y territorial. No podemos permitir que la historia se repita y que las comunidades más vulnerables sigan siendo las más afectadas por el conflicto. De lo contrario, el tan anhelado deseo de paz para los pueblos étnicos, seguirá siendo una esperanza frustrada de cambio.