La Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia aborda un tema de gran relevancia: el uso de la inteligencia artificial (IA) en las decisiones judiciales. En este caso, la Corte tuvo la oportunidad de revisar una tutela en la que el juez de segunda instancia utilizó ChatGPT 3.5 para fundamentar su decisión. Esto generó algunas inquietudes relacionadas con el derecho al debido proceso y la garantía del juez natural.
Desde una perspectiva crítica, esta sentencia plantea interrogantes sobre la imparcialidad y transparencia en el uso de la IA en el ámbito judicial. Si bien la tecnología tiene el potencial de agilizar procesos y mejorar la eficiencia, su implementación sin una regulación clara podría comprometer la autonomía de los jueces y la motivación adecuada de las decisiones. La Corte, en su análisis, examinó los posibles riesgos de sesgos y errores en la IA, así como su impacto en la administración de justicia.
Además, el fallo abordó el cobro de copagos y cuotas moderadoras en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el caso de un niño diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA). La Corte, en su sabiduría y consideración, reafirmó la protección especial de los derechos fundamentales de los niños y la necesidad de garantizar un tratamiento integral sin barreras administrativas.
En conclusión, la Sentencia T-323 de 2024 establece un precedente significativo en la discusión sobre el papel de la IA en el sistema judicial colombiano. Respetuosamente, se sugiere establecer límites y regulaciones claras para su uso, asegurando que la tecnología complemente la labor de los jueces sin reemplazar su criterio humano. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Considera que la IA debería tener un papel más activo en la justicia?